martes, 21 de octubre de 2014

VAN POR EL DESAFUERO!

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Los abogados Luis Alberto Viades Blanco y Juan José Llañes Gil del Ángel informaron que el viernes 17 solicitaron al juez segundo de distrito que determine que se incumplió con su sentencia de amparo. Como consecuencia de ello, deberá remitir el expediente al tribunal colegiado de distrito para que, de acuerdo con la ley de amparo, reitere que hay incumplimiento de una resolución judicial y remita los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo del gobernador del estado y los diputados locales.

Por Ana Lilia Velázquez.

Al mismo tiempo, informaron que presentaron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos en contra de los 50 diputados que integran el Congreso del Estado y del titular del poder ejecutivo del estado porque estiman que el proceder tanto del Congreso local como del gobernador vulnera los derechos humanos de las trabajadoras contenidos en los artículos 8 y 23.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el articulo 25 apartado 2-C de la Convención Americana de Derechos Humanos.
Reiteraron que el laudo no ha sido ejecutado y que contrariamente a lo manifestado por el diputado local Juan Nicolás Callejas Arroyo, no hay negociaciones de ninguna especie. “Deploramos que el Congreso del Estado elija denostar al juez segundo de distrito antes que intentar cumplir con su mandato judicial. La sola sugerencia de que el poder judicial federal tiene intereses particulares o políticos en este asunto tendría que estar sustentada en pruebas fehacientes y solicitamos al director de Servicios Jurídicos del Congreso del Estado a que las presente”, dijeron los abogados,
Durante una conferencia de prensa, expresaron que la actuación del poder judicial federal ha sido apegada a derecho y que lamentan mucho que el trasfondo de esta situación sea el capricho de no cumplir la ley. “El gobierno del estado pierde toda autoridad moral para decir a la opinión pública que se vive en un estado de derecho o exigir el cumplimiento de las normas, el mensaje que se envía a la sociedad es preocupante porque se habla de castigar a los que infraccionan la ley al tiempo que es el propio gobernador quien no acata las resoluciones judiciales”, dijeron.
Los abogados de las dos trabajadoras manifestaron que es incomprensible que el gobierno del estado y los diputados locales emplacen a un reto de tal magnitud a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que lo que se advierte con ello es que hay una falta de voluntad para acatar una resolución judicial porque recursos los hay. Recordaron que “la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 422/2010 de la que emanó la jurisprudencia 85/2011 determinó que el Estado se considera siempre solvente y por tanto en actitud de dar cumplimiento a una sentencia condenatoria, y dado que el cumplimiento de la sentencia de amparo es impostergable tal y como indicó el juez federal, el gobernador y el Congreso del estado deben tomar los recursos de cualquier partida presupuestal, toda vez que el propósito de la sentencia de amparo es el restablecimiento del orden constitucional”.
Luis Alberto Viades y Juan José Llañes Gil del Ángel afirmaron que no tienen interés en que este asunto concluya con la separación del cargo de ningún servidor público, ya que carecen de intereses políticos o partidistas como lo han demostrado a lo largo de los últimos 15 años. “Creemos en la necesidad de que el estado de derecho prevalezca y no será así si no se cumplen las resoluciones judiciales”, dijeron.

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