Los
abogados Luis Alberto Viades Blanco y Juan José Llañes Gil del Ángel
informaron que el viernes 17 solicitaron al juez segundo de distrito que
determine que se incumplió con su sentencia de amparo. Como
consecuencia de ello, deberá remitir el expediente al tribunal colegiado
de distrito para que, de acuerdo con la ley de amparo, reitere que hay
incumplimiento de una resolución judicial y remita los autos a la
Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del
cargo del gobernador del estado y los diputados locales.
Por Ana Lilia Velázquez.
Al
mismo tiempo, informaron que presentaron una queja ante la Comisión
Estatal de Derechos Humanos en contra de los 50 diputados que integran
el Congreso del Estado y del titular del poder ejecutivo del estado
porque estiman que el proceder tanto del Congreso local como del
gobernador vulnera los derechos humanos de las trabajadoras contenidos
en los artículos 8 y 23.1 de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos y el articulo 25 apartado 2-C de la Convención Americana de
Derechos Humanos.
Reiteraron
que el laudo no ha sido ejecutado y que contrariamente a lo manifestado
por el diputado local Juan Nicolás Callejas Arroyo, no hay
negociaciones de ninguna especie. “Deploramos que el Congreso del Estado
elija denostar al juez segundo de distrito antes que intentar cumplir
con su mandato judicial. La sola sugerencia de que el poder judicial
federal tiene intereses particulares o políticos en este asunto tendría
que estar sustentada en pruebas fehacientes y solicitamos al director de
Servicios Jurídicos del Congreso del Estado a que las presente”,
dijeron los abogados,
Durante
una conferencia de prensa, expresaron que la actuación del poder
judicial federal ha sido apegada a derecho y que lamentan mucho que el
trasfondo de esta situación sea el capricho de no cumplir la ley. “El
gobierno del estado pierde toda autoridad moral para decir a la opinión
pública que se vive en un estado de derecho o exigir el cumplimiento de
las normas, el mensaje que se envía a la sociedad es preocupante porque
se habla de castigar a los que infraccionan la ley al tiempo que es el
propio gobernador quien no acata las resoluciones judiciales”, dijeron.
Los
abogados de las dos trabajadoras manifestaron que es incomprensible que
el gobierno del estado y los diputados locales emplacen a un reto de
tal magnitud a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que lo que se
advierte con ello es que hay una falta de voluntad para acatar una
resolución judicial porque recursos los hay. Recordaron que “la segunda
sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la
contradicción de tesis 422/2010 de la que emanó la jurisprudencia
85/2011 determinó que el Estado se considera siempre solvente y por
tanto en actitud de dar cumplimiento a una sentencia condenatoria, y
dado que el cumplimiento de la sentencia de amparo es impostergable tal y
como indicó el juez federal, el gobernador y el Congreso del estado
deben tomar los recursos de cualquier partida presupuestal, toda vez que
el propósito de la sentencia de amparo es el restablecimiento del orden
constitucional”.
Luis
Alberto Viades y Juan José Llañes Gil del Ángel afirmaron que no tienen
interés en que este asunto concluya con la separación del cargo de
ningún servidor público, ya que carecen de intereses políticos o
partidistas como lo han demostrado a lo largo de los últimos 15 años.
“Creemos en la necesidad de que el estado de derecho prevalezca y no
será así si no se cumplen las resoluciones judiciales”, dijeron.
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