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La ampliación del Puerto de Veracruz.
Foto: Yahir Ceballos |
El
gobierno de Enrique Peña Nieto aprovechó un decreto con el que su
antecesor, Felipe Calderón, desprotegió una parte de los arrecifes
veracruzanos, y se dispone a ampliar el puerto de Veracruz aunque esto
implique devastar la reserva de la biosfera. El modus operandi es el
mismo de las recientes reformas: no escuchar, no consultar. A decir de
investigadores y ambientalistas el megaproyecto arrasará con especies
únicas, dejará inerme a esa ciudad ante los huracanes que la azotan
periódicamente y ni siquiera es compatible con su infraestructura.
VERACRUZ,
VER. (Proceso).- Con una inversión de 60 mil millones de pesos en 13
años y la promesa de generar 140 mil empleos (100 mil indirectos), el
proyecto de ampliación del puerto de Veracruz, con 30 nuevas posiciones
de atraque y acceso para buques de gran calado, pone en peligro los
arrecifes de Punta Gorda y Bahía de Vergara, cuyo sistema arrecifal fue
declarado reserva de la biosfera por la UNESCO en 2006.
Aunque el
titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo
Ruiz Esparza, anunció que el proceso de construcción se inició con la
licitación para el levantamiento de los muros de contención y avances en
el sistema de ferrocarril, ambientalistas veracruzanos advierten que
proseguirán el litigio para proteger el Parque Nacional Marítimo, aunque
un Tribunal Colegiado de Distrito revocó la “suspensión definitiva” del
proyecto (expediente 1242/2012 del Juzgado Tercero de Distrito).
“¿Que
pueden construir? Sí, pero el amparo sigue. La tesis de que la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la SCT
violaron tratados internacionales en materia de conservación ambiental
está vigente”, apunta Marco Antonio Muñoz, apoderado legal del Frente
Ciudadano por la Defensa del Parque Nacional Sistema Arrecifal
Veracruzano, el cual se opone a la modificación de los límites del área
natural protegida (ANP) declarada hace 21 años por el entonces
presidente Carlos Salinas de Gortari.
En diciembre de 2012, en los
últimos días de su mandato, Felipe Calderón desincorporó del ANP a
Bahía de Vergara y Punta Gorda, pese a que ahí hay arrecifes coralinos,
fauna y zonas rocallosas con biodiversidad de zooplancton y
fitoplancton, así como barcos hundidos en la cordillera submarina para
la práctica del buceo.
A decir del investigador Franklin Rendón
González, exsubsecretario estatal de Medio Ambiente, el decreto
calderonista producirá daños irreversibles al ecosistema y dejará al
puerto de Veracruz más vulnerable ante los fenómenos meteorológicos,
pues los arrecifes actúan como una barrera natural.
“En la
manifestación de impacto ambiental (MIA, hecha por la Semarnat) no
hicieron un análisis de riesgo, no evaluaron posibles desastres ni
huracanes ni sismos. Uno tiene que ser respetuoso con el mar. El
proyecto (de ampliación del puerto) es lesivo, engañoso, arbitrario y
aberrante. No sabemos cómo va a reaccionar la naturaleza”, advierte
Rendón.
Aun así el gobierno de Enrique Peña Nieto sigue al pie de
la letra el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación en
diciembre de 2013. La justificación de Ruiz Esparza: “México no debe
desperdiciar esas oportunidades de convertirse en un centro logístico
global, como lo expresa el presidente Peña Nieto”.
En junio de
1992 Salinas de Gortari asistió a la Cumbre de la Tierra en Río de
Janeiro. En ese foro, con representantes y jefes de Estado de 178 países
y 400 organizaciones no gubernamentales, se discutieron problemas
relativos a la gestión de los recursos naturales y al saneamiento.
Dos
meses después, el 24 de agosto de 1992, motivado por dicha cumbre,
Salinas declaró ANP los arrecifes veracruzanos. En una entrevista que
dio al diario español El País, el entonces mandatario delineó su
intención de crear “un derecho ecológico internacional que propicie la
conciliación de intereses, permita regular conflictos y establecer
responsabilidades, garantizar una legislación y fijar una obligación
para todos los países en cuanto a la conservación del medio ambiente”.
Muñoz
reitera: “Salinas los protegió (los arrecifes de Veracruz) y Calderón y
Fox iniciaron su proceso de destrucción. Peña Nieto no se movió ni un
ápice de esta actitud, con tal de continuar el proceso de ampliación del
puerto”.
Agrega que apenas empiezan los problemas de la
Coordinación de Puertos y Marina Mercante y la Administración Portuaria
Integral de Veracruz (Apiver): “Me pregunto si las mareas los van a
dejar construir. El problema es que cuando se hace una MIA amañada no se
repara en esos detalles. Las mareas van a taponear la entrada”,
detalla.
Rendón y Muñoz coinciden en que el puerto carece de la
infraestructura carretera, ferroviaria, vial urbana e incluso de
densidad poblacional para absorber la oferta de empleo y servicios, como
vivienda y agua potable. “¿Dónde están las supercarreteras de ocho
carriles y dónde la estructura ferroviaria para mover 95 millones de
toneladas anuales?”, cuestionan.
Ambientalistas y especialistas en
ingeniería civil y náutica destacan que de enero a octubre de 2013 el
recinto portuario de Veracruz movió 18 millones 929 mil toneladas de
carga (cifras de la Apiver), por lo cual el anuncio de que la ampliación
del puerto implica mover 95 millones se pone en duda.
Y aunque
tampoco se aprecia en la entidad y en el resto del sureste una
infraestructura ferroviaria y carretera de esa capacidad, el gobernador
Javier Duarte, las cúpulas empresariales locales y la SCT festejaron el
anuncio de la obra.
“Hay que sacrificarlo”
El Frente
Ciudadano por la Defensa del Parque Nacional Sistema Arrecifal
Veracruzano, integrado por pescadores, ambientalistas, exservidores
públicos, diputados, activistas, ingenieros, prestadores de servicios
turísticos, abogados y científicos del mar, expone su preocupación por
el impacto ambiental que significará ampliar el puerto.
Desde el
28 de diciembre de 2012, cuando promovieron el amparo 1242/2012 ante el
Tribunal Colegiado de Distrito en Boca del Río, los inconformes han
organizado conferencias de prensa, manifestaciones y recorridos por los
arrecifes de Veracruz. A ellos se refirió en noviembre pasado el
consejero nacional de la Cámara Nacional de Comercio en Veracruz, Érick
Suárez: “Se están peleando por un pedazo de pinche arrecife que, muerto,
vivo o moribundo como está, pues hay que sacrificarlo”.
Leonardo
Ortiz Lozano, investigador del Instituto de Ciencias Marinas y
Pesquerías adscrito a la Universidad Veracruzana, señala que el problema
es que la Apiver y varias empresas encargadas de hacer los proyectos
ejecutivos escogieron “el peor lugar” para ampliar el puerto.
Según
él, además de Bahía Vergara y Punta Gorda, los arrecifes de Anegada de
Adentro y de La Gallerita se colapsarían al acumularse los sedimentos
que arrastren las obras portuarias. Por eso insiste en que ni la
Semarnat ni la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas
elaboraron estudios de impacto ambiental, de la viabilidad del proyecto o
algún tipo de estudio para justificar y avalar los trabajos ya hechos.
“Nunca
los hicieron”, explica Ortiz Lozano. “Los solicitamos a través del
Instituto Federal de Acceso a la Información y al cabo de varios
recursos de revisión, las dependencias admitieron no tener ningún
proyecto o estudio que avalara la destrucción de una parte de los
arrecifes del puerto de Veracruz. Es claro que ellos (la Apiver) tienen
intereses económicos; nosotros tenemos intereses de preservación”.
Violación de la Constitución
La
juez de distrito en turno del Séptimo Circuito, Cándida Ojeda
Hernández, aún debe conseguir tres peritos para dar una resolución
final: si la zona arrecifal de Bahía Vergara y Punta Gorda será
modificada con la ampliación del puerto o el gobierno de Peña Nieto
buscará otro municipio para la obra (Rendón propuso Alvarado).
Marco
Antonio Muñoz explica: “Faltan algunos elementos para dar la audiencia y
el periodo de presentación de pruebas y alegatos. La Presidencia de la
República ya mandó a cuatro peritos y nosotros ya presentamos los
nuestros. La juez aún no consigue sus cuatro especialistas, sólo tiene a
uno, que es un investigador del Centro de Investigaciones Demográficas
de la Armada de México”.
Admite que el litigio aún podría demorar
un año o más y que mientras tanto la Apiver y la SCT podrán continuar
con la construcción de los muros de contención con el respaldo del
gobierno de la entidad.
En su solicitud de amparo, los
ambientalistas argumentan que el gobierno calderonista violó los
artículos 1, 4, 14, 16, 25 y 27 de la Constitución al ignorar el decreto
publicado el 24 de agosto de 1992 en el Diario Oficial de la Federación
por el cual se declara área natural protegida, con el “carácter” de
Parque Marino Nacional, la zona conocida como Sistema Arrecifal
Veracruzano, frente a las costas de los municipios de Veracruz, Boca del
Río y Alvarado, con una superficie de más de 52 mil 200 hectáreas.
La
solicitud de amparo cobró fuerza el 19 de mayo de 2008, cuando el
periódico oficial dio a conocer que se destinan al servicio de la
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 48 mil 333.98 metros
cuadrados de zona federal marítimo-terrestre en el Parque Nacional
Sistema Arrecifal Veracruzano (islas de Enmedio, Santiaguillo, Verde,
Sacrificios y Salmedina), a fin de realizar actividades de protección,
restauración, conservación, investigación, saneamiento, aprovechamiento
sustentable no extractivo y rescate de los recursos naturales.
Sobre
la violación a la Constitución y a los tratados internacionales, los
ambientalistas exponen en el amparo 1242/2012: “El mal desarrollo urbano
de Veracruz ha ocasionado grandes problemas en la población y violenta
derechos humanos y garantías individuales. El relleno y desprotección de
zonas con animales y plantas únicas en el mundo de zonas de agua
marina, implica aniquilar totalmente para toda la vida lo que la
naturaleza tardó 350 millones de años en construir.
“Es un acto de
irresponsabilidad, cuando existen todos los elementos biológicos,
técnicos, jurídicos y tratados internacionales que protegen los
humedales. Más ahora cuando el amparo se abre al interés legítimo en
acto fuera de juicio (como éste, que es decreto del Ejecutivo) y en
tutela del medio ambiente.”
En el área protegida habitan especies
animales y vegetales únicas en el mundo, algunas de las cuales no han
sido estudiadas: “Cuando el gobierno mexicano desde 1992 hizo
compromisos internacionales de tutelar, es algo de lo que no se puede
retractar. Más aún, los arrecifes de coral sirven para evitar que los
huracanes entren de golpe a la ciudad de Veracruz. La Constitución
impone que el desarrollo debe ser sustentable; este acto de ecocidio,
que se traduce en una modificación del citado decreto, debe ser anulado
constitucionalmente vía amparo, pues violenta derechos fundamentales”.
Propuesta alterna
Rendón
recuerda que desde hace dos décadas él ha propuesto que en vez de
ampliar el puerto de Veracruz se pensara en un recinto portuario nuevo.
Desde su punto de vista el lugar adecuado para ello es la Cuenca del
Papaloapan, en el puerto de Alvarado, donde se pueden establecer 35
puntos de atraque y un acceso para buques de gran calado, además de
construir instalaciones de Pemex y quizá un astillero.
Asegura que
Alvarado podría servir para descarga de gas, de buques de gran calado,
“a un costo mucho menor”, “sin hacer estragos en el medio ambiente” y
“pensando en reactivar la economía” de la región.
No obstante,
durante su visita a Veracruz la última semana de noviembre pasado, Ruiz
Esparza dijo ante la prensa: “Los terrenos del puerto ya están,
prácticamente hay una urbanización, es una base muy importante y de
mucho dinero en el puerto. Una inversión en su etapa completa de 60 mil
millones, pero en esta etapa del presidente Peña Nieto es una inversión
de 23 mil millones de pesos. Es la oportunidad, como el proyecto que
tiene el señor gobernador, de que Veracruz se convierta de nuevo en un
centro de atracción internacional”.
Agregó que el gobierno federal
actuará con “respeto” al medio ambiente, problema que según él “ya está
subsanado” pues la Semarnat otorgó “la autorización” para continuar los
trabajos.
“La idea es que realmente sea un puerto de clase
mundial, de respeto al medio ambiente, de respeto a la naturaleza, de
respeto a la ecología. Eso queremos y va a ser el orgullo del puerto de
Veracruz para los veracruzanos.”
Ruiz Esparza aseguró que ya se
empezó a adquirir el material en licitaciones públicas para empezar con
el levantamiento del muro de contención. Añadió que en 2014 la SCT
llevará a cabo otras 16 licitaciones para continuar la obra: “La idea es
terminar esa primera etapa en diciembre de 2017”.
El pasado 19 de
noviembre los diputados Cuauhtémoc Pola (de Movimiento Ciudadano),
Fidel Robles (Partido del Trabajo), Ana María Condado y Jesús Velázquez
(Partido de la Revolución Democrática) emitieron un punto de acuerdo
para exigir a los gobiernos de Peña Nieto y de Javier Duarte que se
revoque el cambio al Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano
realizado al final del mandato de Felipe Calderón.
Al respecto,
Pola comenta a Proceso que la propuesta se turnará a comisiones y la
impulsarán organizaciones ambientales: “De realizarse ese cambio se
inhibiría la construcción y ampliación del recinto portuario, proyecto
de la Apiver que pretende extender al doble sus cargas y descargas,
tanto industriales como comerciales”.
En el documento se solicita
“proteger” dichos arrecifes, donde además del coral habitan tortugas
lora, verde y caguama, así como peces damisela, payasito, tijerilla,
cirujano, perro cubano y charal elegante, entre otros.
El
legislador lamenta que la iniciativa privada se haya “doblado” ante las
“falsas promesas” de Peña y Duarte: “Le están vendiendo espejitos. De
las licitaciones para la ampliación del puerto no les van a tocar ni las
migajas, todo el dinero de la inversión se lo llevarán empresas
extranjeras”.
Pola coincide con Rendón en que sería mejor
construir un puerto alterno o nuevo en Alvarado: “¿Por qué destruir el
arrecife si existen condiciones para trasladarse dos municipios más sin
afectar el ambiente? La distancia no es nada, hay ferrocarril, hay
rutas, hay todo”.
Los cuatro legisladores argumentan que la MIA
para avalar la obra fue elaborada por la empresa Argo Consultores
Ambientales, la cual nunca pudo probar qué técnicas y procesos
específicos utilizó para llegar a la conclusión de que la zona no tiene
riqueza ambiental.
