sábado, 1 de agosto de 2015

Militares secuestran, amenazan y despojan a empresario de medio millón de pesos

31 de julio de 2015
El teniente Juan Carlos Mendoza. Acusación directa.  

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Luego de despojarlo de casi medio millón de pesos en efectivo y de otros valores, el teniente Juan Carlos Mendoza Ortiz le apuntó al empresario con su arma y, ante la risa burlona de otro militar, sentenció: “Ya valiste madre”.
Sucedió el mediodía del 6 de marzo. El lugar: un retén del Ejército en el Circuito Exterior Mexiquense, en los límites con la Ciudad de México.
El contratista de la construcción había retirado minutos antes 428 mil pesos de la sucursal de Banamex en el aeropuerto capitalino, que ese mismo día le habían depositado, y se dirigía a una obra en Ecatepec, Estado de México, cerca de Plaza las Américas, donde tenía previsto pagar a proveedores y empleados.
No pudo hacerlo: los militares lo secuestraron, amenazaron y robaron a campo abierto y a la luz del día.
Y a casi cinco meses de los hechos, luego de vencer el miedo a que se cumplieran las amenazas de desaparecerlo y de matar a su familia si denunciaba, la Procuraduría General de Justicia Militar y la Procuraduría General de la República (PGR) nada han hecho para devolverle su dinero ni para castigar a los militares criminales, pese a que están plenamente identificados.
Más aún: el teniente Mendoza Ortiz y tres de sus presuntos cómplices –Juan José Durán Cárdenas, Enrique Gutiérrez Martínez y Jonathán Martínez Fuentes– están presos en el Campo Militar Número Uno, acusados del secuestro de otro empresario. Pero el Ministerio Público castrense y la PGR ya ni siquiera atienden a la víctima.
La pesadilla para el empresario, cuya identidad consta en las averiguaciones y que aquí se omite por razones de seguridad, inició aproximadamente a las 12 horas del pasado 6 de marzo cuando circulaba, a bordo de su camioneta Dodge Durango blanca, por el Circuito Exterior Mexiquense.
Al aproximarse a la caseta de cobro, a la altura de la avenida Carlos Hank González, vio un retén militar y de policías del Estado de México, quienes le hicieron la indicación de orillarse.
Un soldado le pidió identificarse y le preguntó hacia dónde se dirigía y a qué se dedicaba. Cuando respondía a las preguntas, otro militar, encapuchado y con lentes oscuros, le pidió bajarse del vehículo para revisarlo; al hacerlo, ubicó una bolsa negra de plástico.
De inmediato, el soldado encapuchado le arrebató al empresario las llaves de la camioneta y le ordenó que subiera en el asiento del copiloto, mientras que él ocupó el lugar del conductor, siempre bajo la custodia de otro militar armado.
El encapuchado le preguntó al empresario qué traía la bolsa; éste respondió que era dinero en efectivo, 428 mil pesos, para pagos de nómina y proveedores, pues es contratista en el ramo de la construcción. Le mostró su teléfono, donde constaba que esa mañana le habían hecho el depósito y la hora en la que él hizo el retiro.
“En ese momento me arrebata de mis manos mi teléfono para quedar incomunicado, lo empieza a revisar y al mismo tiempo me empieza a decir que era un delito federal transportar esas cantidades de efectivo y que para él eran de procedencia ilícita”, declaró el empresario, primero ante la justicia militar y luego ante la PGR.
Consta en la averiguación previa PGR/SEIDO/UEDICS/171/2015, iniciada por el agente del Ministerio Público Federal Gustavo García Contreras, y en el expediente SC/83/2015-VII, levantado por el mayor René Catana Méndez, agente investigador militar, cómo el soldado encapuchado amenazó al empresario con llevarlo ante la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO):
“(El militar le dijo) que él era la autoridad en ese momento e indicándome que su papá era general y que también tenían empresas y sabían todo acerca de movimientos bancarios. Yo insistiéndole que el dinero era de procedencia lícita. Él no me hacía caso y refería que me iban a poner a disposición. Este sujeto me empieza a amedrentar diciéndome que me iba llevar la chingada y que gracias a mí se iba a colgar una medallita a su favor.”
El militar hizo una pausa para hacer una llamada, con el teléfono del empresario, a alguien que llamó “jefe” y, al colgar, le pidió entregarle su cartera, reloj y una cadena de oro, mientras le decía que le daría la oportunidad de acreditar el origen del dinero, pero de lo contrario, dijo, “iba a cargarme la chingada”.
Sólo para eso le devolvieron al empresario su teléfono: Llamó a su cliente y, cuando comenzaba a hablar con él, el militar le arrebató el aparato para hablar con aquél y ordenarle que llegara en 10 minutos.
En ese momento otro militar sin capucha, al que identifica sin dudar como el teniente Juan Carlos Mendoza Ortiz, subió a la camioneta en el asiento trasero. “Me apunta con su arma y me dice que ya había valido madres y que no me pusiera pendejo”.
El despojo
En la espera, según el testimonio del empresario, el otro militar le decía que con él se iba a colgar “una estrellita”, porque “estaban agarrando puro ‘pendejo inocente’. Después de eso intenté bajarme de mi camioneta por temor a cada una de las cosas y amenazas que decía. Acto seguido, me grita diciéndome que no me bajara, que él era la autoridad y que me iba a esposar y a meterme un ‘pinche plomazo’”.
Cuando el cliente del empresario llegó, acompañado de un abogado, los militares les dijeron que sólo querían hablar con uno de ellos. Tras varios minutos de diálogo con el litigante, éste le comunicó al empresario retenido que, para no consignarlo ante la SEIDO, debía entregar 80% de los 428 mil pesos.
“Se nos hizo muy descabellada esa oferta, ya que no era dinero ilícito”, expuso la víctima, a quien los militares decían que ellos tenían todo controlado y que “literalmente estábamos en sus manos, refiriendo que si no hacíamos caso nos iban a desaparecer a todos”.
En su declaración, asentó: “Sin tener otra opción, decidimos otorgarles ese dinero que solicitaban, ya que después de amedrentarnos y de sus amenazas temíamos por nuestra integridad. Inmediatamente me piden que vayamos a mi vehículo, al cual se suben los dos militares y yo. Adentro del mismo toman la bolsa de dinero y sólo me dejaron aproximadamente 35 mil pesos en la bolsa”.
Antes de dejarlo libre, los militares se negaron a devolverle sus pertenencias y lo amenazaron: “Diciéndome que si hacía algo en contra de ellos, ya tenían registrados todos mis movimientos e iba a ir a mi casa a matar a todos y a cada uno de mi familia”.
Pero, a pesar de los consejos de amigos y familiares para que se olvidara del asunto, y aun contra su propio temor de que podría haber represalias contra él y su familia, el empresario presentó la denuncia ante la Procuraduría General de Justicia Militar, el 12 de marzo, y luego lo hizo ante la PGR.
Además, el mismo día en que presentó la denuncia, envió al secretario de la Defensa Nacional, general Salvador Cienfuegos, un escrito en que detalla cómo ocurrió lo que él define como robo, secuestro y amenazas a manos de los militares.
La respuesta llegó una semana después, el 20 de marzo, firmada por el general brigadier Juan Roberto Sánchez Fragoso, jefe de la Sección Primera del Estado Mayor de la Defensa Nacional, y es escueta: “Esta Secretaría tomó nota de sus señalamientos y se realizan las acciones a fin de proceder conforme a derecho”.
Pero han pasado los días, las semanas y los meses, y ni la justicia militar ni la civil han resuelto nada.


Hostigamiento, amenazas y extorsión a cubanos en la estación migratoria de Acayucan, denuncia Solalinde


31 de julio de 2015
El sacerdote Alejandro Solalinde
Foto: Octavio Gómez
MÉXICO, D.F. (apro).- El fundador del albergue ‘Hermanos del Camino’, el sacerdote Alejandro Solalinde, denunció la existencia de una red de corrupción en el Instituto Nacional de Migración (Inami) que dirige el comisionado Ardelio Vargas Fosado.
En conferencia de prensa, dijo que las víctimas predilectas de dicha red son los migrantes cubanos. Por ejemplo, mencionó que en los últimos cuatro años, el albergue que encabeza ha recibido 900 denuncias de ciudadanos isleños por hostigamiento, amenazas y extorsión en las estaciones migratorias de Acayucan, Tapachula, Palenque, San Cristóbal de las Casas y el Distrito Federal.
De ellas, añadió, sólo en 100 casos se lograron reunir las pruebas necesarias, aunque hasta ahora únicamente se han interpuesto 15 querellas ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra funcionarios del instituto y abogados particulares
Solalinde explicó que en dos ellas las autoridades “están por consignar” a los presuntos responsables.
Acompañado por Alberto Adonis, el sacerdote activista sostuvo que los migrantes cubanos se han convertido “en un botín para los agentes de migración. “Son los que están dejando más dinero a las estaciones migratorias, tenemos quejas ante CNDH y denuncias penales por estos delitos”.
Adonis detalló que la extorsión a los cubanos se da cuando personal del propio instituto y abogados llaman a sus familiares en Estados Unidos para hacerles creer que ya están en ese país, pero que los tienen detenidos y deben pagar el oficio de salida para abandonar el centro de detención.
Según denuncias recabadas por los defensores de derechos humanos, los extorsionadores les exigen de 3 mil 500 a 5 mil dólares por persona para resolver su situación.
El activista del albergue detalló que a diferencia de lo que ocurre con los indocumentados centroamericanos, los cubanos no pueden ser repatriados si el gobierno de su país no accede a recibirlos. Por esta razón, es común que dejen las estaciones migratorias con un oficio de salida, luego de meses en detención.
Con dicho oficio, los isleños pueden transitar por México y llegar a Estados Unidos, cuyo gobierno los recibe sin problemas, debido a la llamada Ley del Ajuste Cubano.
Alberto Adonis comentó que el reciente restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos detonó el aumento de la migración cubana, pues es posible que la mencionada ley establecida en 1996 quede derogada y sea aún más difícil entrar a territorio estadunidense.
Los conferencistas añadieron que en lo que va de la administración de Enrique Peña Nieto se incrementaron en 200% los casos de abuso y violación de los derechos humanos de los migrantes
Peor aún, añadieron, el tráfico de órganos –presuntamente operado por bandas del crimen organizado en el norte del país— “se sigue agudizando y afecta principalmente a migrantes de origen centroamericano”.

La denuncia
La denuncia del padre Alejandro Solalinde derivó de la acusación que a principios de esta semana hizo un grupo de cubanas arraigadas en la Estación Migratoria “Las Agujas” de la delegación Iztapalapa, por la presunta agresión física y sexual por personal de seguridad de la dependencia.
De acuerdo con lo que contaron las víctimas a personal de la Quinta Visitaduría General de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), éstas se enteraron de que un grupo de hombres de su misma nacionalidad que estaban también en la estación migratoria fueron llevados en un vehículo al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para dar cumplimiento a la orden de deportación, aun cuando contaban con amparos para evitarla.
El hecho causó molestia e inconformidad en las mujeres al creer que les harían lo mismo. Ante el alboroto, personal de seguridad de la estación las llevó a las oficinas del área jurídica para que comparecieran. Fue entonces cuando se dio la agresión.
Al enterarse, Alejandro Solalinde viajó de Oaxaca al DF para informarse de la denuncia. Dijo que las cubanas indocumentadas fueron “arrastradas desnudas cuando se encontraban en las regaderas de la mencionada estación”.
Más tarde, el activista difundió en su cuenta de Twitter un video de Youtube titulado “Migrantes cubanos se quejan de abusos en la Estación Migratoria de las Agujas, Iztapalapa”.
En las imágenes los migrantes narraron otras arbitrariedades dentro de la estación, como el hecho de mantenerlos recluidos ahí más de 80 días sin resolverles su situación y ni siquiera les dan información. Otros expresaron su temor de ser deportados pues no cuentan con amparos para evitarlo. Unos más denunciaron mala alimentación, incomunicación, negación para ver a sus familiares en la estación. Algunos dijeron que se pusieron en huelga de hambre en protesta por su situación indefinida por el INAMI.
Solalinde este viernes aclaró que las víctimas no levantaron denuncia penal porque el Instituto Nacional de Migración les dio oficios de salida y las entregó al obispo Guillermo Ortiz Mondragón.

“Cuando hay un delito al interior de las estaciones, el Instituto lo que hace es dar un oficio de salida para que la persona se vaya y otra vez, el caso (de las cubanas) queda impune”, concluyó.

viernes, 31 de julio de 2015

Le roban el arma a un ‘guardaespaldas’ de Peña Nieto en un acto en el PRI


Un elemento del Estado Mayor Presidencial denunció ante el Ministerio Público el robo de su arma de cargo, ocurrido el sábado pasado mientras protegía al presidente Enrique Peña Nieto durante un evento en las instalaciones del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
De acuerdo con la averiguación previa FCH/CUH-2/T2/1200/15-07, levantada el pasado sábado a las seis de la tarde, el teniente del Estado Mayor Presidencial, David Navaez Velasco, narró cómo ocurrió el robo.
En su declaración, Narvaez Velasco dijo que “al término del evento (en el PRI), un grupo de personas quiso acercarse al presidente de la República; desbordó la barrera de contención y brincó la protección, por lo que al contener a dicho grupo de personas es desapoderado de una pistola Smith and Wesson, calibre 9 mm, modelo SW9F, matrícula PAM0715”.

Hasta el momento, el Ministerio Público no ha realizado diligencias en el PRI, y sólo se tiene conocimiento de la denuncia de hechos realizada el pasado sábado.

La Fepade cita a Miguel Herrera por tuits a favor del PVEM



Miguel "El Piojo" Herrera, director técnico de la selección. Foto: AP
Luciano Campos Garza
31 de julio de 2015
MONTERREY, N.L. (proceso.com.mx).- La mala racha sigue para Miguel Herrera, exentrenador de la Selección Mexicana de Futbol.La Fiscalía Especializada en Atención a Delitos Electorales (Fepade) le hizo llegar un citatorio a su casa del municipio de San Pedro, Nuevo León, para que responda, en calidad de testigo, por los tuits que publicó el pasado 7 de junio, día de las elecciones federales y locales en México, a favor del Partido Verde Ecologista Mexicano (PVEM), con lo que habría violado la ley electoral nacional.
Herrera Aguirre, quien fue cesado el martes pasado de la dirección técnica del tricolor por agredir al conductor de televisión Cristian Martinolli, tiene 48 horas para responder al apercibimiento de la dependencia, que forma parte de la averiguación previa 751/AP/FEPADE/2915.
Si no se presenta a las oficinas de la Fepade, adscrita a la Procuraduría General de la República, en la Ciudad de México, la autoridad federal le aplicará medidas de apremio.
Durante el domingo de elecciones, la Selección Mexicana, que en ese entonces dirigía “El Piojo”, jugó ante la escuadra de Brasil, en Sao Paulo. Ese día, el entrenador publicó en Twitter mensajes a favor del Verde, con lo que violó la veda electoral.
El texto publicado en su cuenta fue: “Apoyemos a la Selección, no dejen de votar, vamos con los verdes. Los Verdes sí cumplen”.
Después del cese del euqipo nacional, Herrera se trasladó a la casa en Nuevo León, donde vive su familia desde hace años

jueves, 30 de julio de 2015

Torpezas burocráticas lo libraron de la extradición

Osorio y Gómez presentan un retrato de Joaquín "El Chapo" Guzmán. Foto: Octavio Gómez
Osorio y Gómez presentan un retrato de Joaquín "El Chapo" Guzmán.
Foto: Octavio Gómez

MÉXICO, D.F. (Proceso).- Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, sabía que el gobierno de Enrique Peña Nieto lo iba a entregar a Estados Unidos. Se fugó cuando se tramitaba su extradición.
El jueves 16, la procuradora general de la República, Arely Gómez, informó oficialmente a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional del Poder Legislativo que la petición de extradición había llegado el 25 de junio. Horas más tarde, en conferencia de prensa, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, quien también acudió al encuentro, añadió que hay oficios que lo demuestran.
Sin embargo, desde principios de mayo el abogado defensor de Guzmán, Juan Pablo Badillo Soto, tuvo en sus manos copia certificada de la solicitud, ya tramitada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Los tiempos judiciales y la falta de precisión de parte de la SRE en su demanda de extradición abrieron el espacio para que Guzmán Loera se fugara de la cárcel antes que el gobierno y el Poder Judicial lo entregaran.
Los acuerdos judiciales del expediente 73/2015, radicado en el Juzgado Décimo de Distrito en Materia de Amparo Penal en el Distrito Federal, indican que el procedimiento estaba en marcha.
Prueba de ello es que el 20 de mayo la Mesa Uno del Juzgado Décimo de Distrito de Amparo Penal del Primer Circuito, con sede en el Distrito Federal, publicó el auto donde revela que el abogado de El Chapo, Badillo Soto, presentó “copia certificada” del pedido de extradición.
Sin embargo el juzgado rechazó esa copia como prueba de la solicitud de amparo promovida desde el 23 de enero de 2015 porque “no la adjunta al escrito que se provee”.
El juez también rechazó pedir a la SRE copia certificada de la solicitud de extradición por considerar que la defensa de Guzmán Loera “aún estaba en tiempo” de recibir el documento:
“En cuanto a su petición en el sentido de que este órgano jurisdiccional requiera al secretario de Relaciones Exteriores la copia certificada a que se ha hecho mención, dígase que no ha lugar (…) en virtud de que, si bien la parte quejosa acredita que solicitó copias certificadas ante SRE, lo cierto es que el escrito fue recibido el 15 de mayo pasado, y a la fecha no ha transcurrido un lapso suficiente para inferir que existe negativa u omisión en la solicitud que formó en el escrito anteriormente citado.”
Lo anterior implica que la solicitud de extradición llegó a México antes del 15 de mayo pasado, es decir 40 días antes de la fecha en que, según la procuradora, se recibió tal demanda del gobierno estadunidense.
El abogado Badillo Soto no sólo señala a la SRE como autoridad responsable, sino también a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), particularmente a su titular, Felipe de Jesús Muñoz Vázquez.
El mismo 20 de mayo, el juzgado le concedió al Chapo una “suspensión provisional” para que no sea extraditado a Estados Unidos ni trasladado a cualquier otro penal. Asimismo le dio 24 horas a la SRE para que entregara un informe que valide la solicitud de extradición a Estados Unidos.
“De no hacerlo se presumirán ciertos los actos reclamados (por parte de Guzmán Loera)”, le dijo el juzgado al Ejecutivo, y le dio un plazo: hasta las 9:45 del 25 de mayo. En tanto ello sucede, estableció el juzgado, se le otorga la “suspensión provisional”. Ésta dice:
“Para el efecto de que el quejoso de mérito quede a disposición de este Juzgado de Distrito en cuanto a la integridad personal se refiere, en el lugar donde se encuentra actualmente recluido y se mantengan las cosas en el estado que actualmente guardan, es decir, para que no sea entregado al Estado solicitante, ni trasladado a cualquier otro lugar distinto del que se encuentra interno, hasta en tanto se resuelva sobre la suspensión definitiva, bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades responsables, sin perjuicio de que se continúe con el proceso de extradición.”
La última frase implicaba que la Secretaría de Gobernación debía tenerlo bajo su resguardo e impedir que se fugara.
El juez aclaró a la SRE que “la suspensión concedida no motiva la inobservancia de algún tratado celebrado entre México y el país requirente con detrimento en las relaciones diplomáticas”, pues “no se rehúsa la extradición sino únicamente se suspenden los efectos de la orden correspondiente para mantener viva la materia del amparo y permitir que se analice la constitucionalidad de la orden de extracción reclamada”.
El trámite ante el juzgado lo estaba haciendo la Dirección General de Asuntos Jurídicos de Relaciones Exteriores, en representación del embajador de México en Estados Unidos.
Al siguiente día, 22 de mayo, el juzgado le informó al embajador estadunidense en México, Anthony Wayne, que no puede ser tercero interesado en dicho trámite de extradición.
El 25 de mayo el juzgado negó en “definitiva” la suspensión del acto reclamado, es decir, la solicitud de extradición. De acuerdo con lo notificado ante el juzgado, “las autoridades responsables (SRE) han negado la existencia del acto reclamado (solicitud de extradición) en este juicio biinstancial (Juzgado de Distrito y Tribunal Colegiado)”.
El abogado de Guzmán Loera presentó una impugnación a esta decisión pero el Primer Tribunal Colegiado la desechó. Una semana después, el 1 de julio de 2015 (10 días antes de la fuga), el Juzgado de Distrito “sobreseyó el juicio de amparo”.
Aun así, el 17 de julio, cuando El Chapo ya había huido, su defensor presentó un recurso contra el sobreseimiento.
Desde la reaprehensión de Guzmán Loera, el 23 de febrero de 2014, sus abogados interpusieron de inmediato un amparo contra su posible extradición. La solicitud quedó registrada con el número 299/2014, pero se negó la “suspensión definitiva contra la extradición por inexistencia de actos reclamados”, según informó el Poder Judicial. Éste comunicó el 5 de marzo de 2014:
“El órgano jurisdiccional detalló que, al solicitar los informes correspondientes a las autoridades responsables, a saber el presidente de la República, el secretario de Gobernación, el secretario de la Defensa Nacional, el procurador general de la República, el secretario de Relaciones Exteriores y el subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, éstas negaron la existencia de los mismos”.

Después de 19 días de su fuga, aprueban extradición de “El Chapo”

La Redacción

El retrato de Joaquín "El Chapo" Guzmán difundido después de su fuga. Foto: PGR
El retrato de Joaquín "El Chapo" Guzmán difundido después de su fuga.
Foto: PGR
México D.F., (apro).- Con acciones legales y financieras, los gobiernos de México y Estados Unidos tratan de cerrar la pinza para recapturar a narcotraficante sinaloense Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, quien se fugó del penal federal del Altiplano, en el Estado de México, el pasado sábado 11.
En la parte legal, un juez federal libró una orden de aprehensión con fines de extradición en contra del líder del Cártel de Sinaloa, lo que quiere decir que en caso de que ‘El Chapo’ sea reaprehendido podrá ser enviado a estados Unidos, donde tiene cuentas pendientes con la justicia, sobre todo en la ciudad de Chicago, donde está considerado como el “enemigo público número uno”. Este procedimiento podría ser apelado por la defensa del narco.
El mandato judicial de detener a Guzmán Loera responde a la petición formal que hizo el gobierno de Barack Obama a su contraparte mexicano el pasado 25 de junio, 15 días antes de que ‘El Chapo’ se fugara de la prisión de máxima seguridad por segunda ocasión, ahora por un túnel. La primera vez fue en 2001del penal federal de Puente Grande, ubicado en el estado de Jalisco.
En declaraciones a Milenio Televisión, el subprocurador Jurídico de la PGR, José Alberto Rodríguez, dijo que “ahora la solicitud (de extradición) viene perfectamente integrada, completa en la documentación”.
Por el lado financiero, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos estará a tanto de cualquier operación financiera vinculada con el narcotraficante.
Así lo dijo Andrea Gacki, subdirectora interina de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro, durante su participación en la novena conferencia latinoamericana antilavado de dinero y delitos financieros que se lleva a cabo en Cancún, Quintana Roo.
“Es algo que tenemos que tener en cuenta porque aunque hemos cambiado el enfoque a otras organizaciones de tráfico de drogas, es claro que tenemos que mantener la presión ahora que ‘El Chapo’ está fuera para dirigirnos a cualquier red de apoyo que esté usando y que no esté en nuestra lista”, subrayó.

miércoles, 29 de julio de 2015

Miguel Herrera "El Piojo" y el "autopuñetazo" que le costó 2.7 mdd al año

Cese del Piojo no preocupa a Gio, Jona, Reyes y VelaEl aún presidente de la Liga MX, Decio de María, oficializó la destitución de Miguel Herrera como técnico de la Selección Mexicana de futbol, tras su agresión al narrador televisivo Christian Martinolli. Con esto, el estratega que logró rescatar al Tri de las ruinas para llevarlo al Mundial de Brasil 2014 dejará de ganar su salario nominal de 2.7 mdd anuales.
El carismático Miguel Herrera se autosaboteó por no saber controlar su ira. En realidad no golpeó a uno de sus críticos de la TV, se vapuleó él mismo.
La tarde de este martes 28 de julio, en una evidente asunción prematura de su cargo como presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), situación programada para cuatro días después, el directivo recibió en su casa a colaboradores para decidir formalmente el cese del ‘Piojo’ por faltar de forma grave el Código de Ética del organismo.
“Fue una decisión compleja que muestra lo que somos y lo que debemos ser”, dijo Decio en una conferencia de prensa improvisada en las oficinas de la FMF y que duró 40 minutos.
Los artículos en los que se basa De María para tomar la decisión de despedir a Herrera son dos:
“Artículo 12: Los integrantes de la FMF, afiliados y terceros involucrados, están obligados a dirigirse con respeto hacia los medios de comunicación, proporcionando siempre información clara y veraz en apego a las normas vigentes.”
“Artículo 11: La imagen y reputación de la FMF, de sus afiliados y de sus integrantes, es responsabilidad de todos los que integran el futbol federado, por lo que es una obligación individual el dirigirse y desempeñarse en todas sus actividades, ya sea particulares o profesionales, con la debida probidad y respeto, así como evitar incurrir en conductas que vayan en detrimento del deporte, sus organismos, el fair play y el juego limpio (sic.).”
Nada le deben
En vista de tantos entrenadores fichados y despedidos muchas veces en los últimos años, en esta ocasión la FMF tuvo cuidado en la “letra pequeña” para condicionar cualquier tipo de rescisión sin indemnización, siempre y cuando concluyera de manera natural cada etapa incluida durante el periodo hacia el Mundial de Rusia 2018.
Justo al nombrar a Herrera como técnico nacional el 20 de octubre de 2013, la FMF estelarizó un desfile de cuatro timoneles en 45 días, considerando la salida de José Manuel ‘Chepo’ de la Torre, más los interinatos de Luis Fernando ‘Flaco’ Tena y Víctor Manuel Vucetich. El ‘Piojo’ también fungió como interino hasta clasificar en el Repechaje contra Nueva Zelanda y se le extendió un contrato provisional hasta el Mundial 2014, que luego le ratificaron para el siguiente ciclo.
A diferencia de sus antecesores, que lograron contratos de cuatro años, en esta ocasión se firmó en base a resultados y por etapas, es decir, luego de cada fase cumplida habría una renovación automática, si ambas partes estaban de acuerdo en seguir, como un precontrato de confianza hasta llegar al cuatrienio. Por lo tanto, no habrá ninguna indemnización por terminar esta relación de trabajo.
De acuerdo a lo anterior, Herrera recibirá su finiquito para completar uno poco más de los 2.7 millones de dólares, por los 10 días proporcionales extra que corrieron hasta lograr la Copa Oro.
La marca manda
Un error como el que tuvo Herrera al agredir a un narrador de televisión no pudo pasarse por alto porque nunca se trató de un pleito entre particulares y fuera del terreno de juego.
Además, asumir cargos en una organización que tiene como característica una identidad de representación nacional adquiere también la carga de valores que permea a todos sus miembros. Por el simple hecho de pertenecer asumen como propios estos valores y sus conductas al respecto se vuelven vehículos de marca. Herrera faltó al Código de Ética de la FMF y no sólo por agredir en específico a un informador profesional.
Olvídate, estimado lector, de la empresa que representa Martinolli, no viene al caso. También hay que dejar de lado las causas que originaron la molestia del técnico para fines de su cese. Se trata de analizar el caso desde la óptica del representante de una Federación y el técnico de una Selección Mexicana.
Una conducta violenta expresada desde los que deben predicar con el ejemplo siempre será un asunto inadmisible.
Lo de Martinolli y su estilo para comentar es otra cosa, que no resulta pertinente ahora comentar. Tampoco es que los periodistas tomen bandera por la agresión como si fuera en carne propia, eso también es una exageración irracional. Acá el coco es otro, por ahora.
Miguel Herrera no sólo desquitó su coraje, llevó en el baile de su ira a toda una representación. Ese puñetazo pudo ser contra cualquier persona, no necesariamente una persona mediática, y el error sigue siendo el mismo.
Un técnico nacional posee la investidura de una figura pública que resulta un ejemplo e inspiración para la gente. Atenta en ese momento
También falla la FMF por no proteger a su personaje vehículo de marca, a sabiendas de que se trataba de un estratega con cualidades de coach futbolístico, pero que siempre tuvo problemas de personalidad, con muchos antecedentes de violencia desde su época como jugador del Tri, con escenas como aquella en la que pateó a un aficionado.
Hay un problema de inteligencia emocional de Herrera, pero también una deficiente educación empresarial en el departamento de la FMF encargado de contratar perfiles de personal para esos importantes cargos. Acá la pregunta inmediata brota: ¿Dónde estuvo el departamento de recursos humanos para advertir que esto podría suceder en cualquier nuevo momento? Si se jugaban el riesgo de emplear a Miguel por su valía como técnico, ¿cómo podrían ‘blindar’ a una persona con estas características? En un principio le pusieron a Ricardo Peláez, pero después Héctor González Iñárritu no fue un contrapeso funcional.
Además, es la cabeza de toda una serie de jugadores que deben respetar la entidad de la institución que defienden. Visto de esa manera, un técnico del Tri adquiere responsabilidades como la de un funcionario público.
La Selección Mexicana es el producto más importante de la FMF que factura en sus arcas 250 millones de dólares en cada ciclo mundialista y una marca poderosa, muy superior a la que la posee, porque se trata de una lovemark. Hay mucho de por medio, valores y dinero.
Aparte de su autopuñetazo, echan al ‘Piojo’ Herrera los patrocinadores estelares que no desean tener entre su expresión publicitaria gente que vaya contra los valores que los hacen importantes en la preferencia del público.
“Nuestra familia (del futbol, entiéndase industria) merece unas figuras íntegras, contratos con derecho y obligaciones. En nuestra industria los partidos nunca terminan y eso lo sabemos todos los que somos figuras públicas”, acotó Decio.
© Forbes MéxicoSobre las libertades que tendrá el próximo técnico nacional —aún no lo tienen decidido hasta este 28 de julio— en el plano comercial, donde en apariencia Herrera se manejaba como pez en el agua porque ganaba mucho dinero por contratos personales, De María fue prudente:
“Cada contrato que tenemos con nuestros patrocinadores incluye derechos y obligaciones. Mientras eso se cumpla entre todos los que integramos este grupo, no tengo problema.”
Los malos ‘piquetes’
Herrera ya ‘debía muchas’, pues sus fallas fueron increíblemente acumuladas en un desplome vertiginoso de las últimas semanas.
Primero faltó a la veda dictada por el Instituto Nacional de Electoral, en la jornada del 7 de junio, donde ningún personaje público debía manifestar sus preferencias partidistas o participar en campañas proselitistas y él lo hizo abiertamente sin medir que, aparte de un técnico de futbol, era el líder de un equipo con representación nacional.
Sus tuits a favor del Partido Verde Ecologista de México y usando su investidura como director técnico del Tri al emplear el doble sentido con “los verdes sí cumplen”, fue una clara violación al Código de Ética de la FMF, que en su Artículo 12 dice: “Los integrantes de la Femexfut, afiliados y terceros involucrados, están obligados a dirigirse con respeto a los medios de comunicación, proporcionando siempre información clara y veraz en apego a las normas vigentes.”
También violó, en este caso, el mencionado Artículo 13, que señala: “Los sujetos a este Código deberán observar un comportamiento responsable al publicar o difundir noticias o cualquier contenido en medios de comunicación y redes sociales.”
Las sanciones que se pueden imponer por el incumplimiento al presente Código de Ética son: advertencia; amonestación; suspensión temporal; exclusión; multa y/o servicio comunitario.
La cifra extraoficial manejada desde el PVEM fue que a los ‘peces gordos’ de la opinión pública les ofrecieron 200,000 pesos por un par de tuits.
Fueron emulados casi de inmediato por sus seleccionados Marco Fabián y Oribe Peralta, con mensajes similares en el microblogging, con la agraviante de que el mismo día jugaban contra Brasil, de preparación para la Copa América.
El director de selecciones nacionales, Héctor González Iñárritu, confirmó que tanto el director de la selección mexicana y los dos jugadores serán sancionados con multas económicas que rondan entre los 1,500 y los 2,000 salarios mínimos (entre 105,150 pesos y 140,200 pesos).
Total, que este triste suceso debe servir para poner las barbas a remojar y exigir mejores estructuras profesionales en todos los niveles.